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Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad
En-Contexto 7(11) • julio - diciembre 2019 • Medellín - Colombia • página 213 de 286 ISSN: 2346-3279
Los fraudes en las rentas departamentales:
una mirada desde la institucionalidad a las
dimensiones social, económica, legal y normativa
The frauds in the departmental rents: A look from the institutionality to the social,
economic, legal and normative dimensions
Recibido: 03-03-2019 • Aprobado: 29-05-2019 • Página inicial: 213 - Página nal: 229
Luisa Fernanda Zapata Álvarez*
Leidy Jhojana Usma Zuleta**
* Psicóloga de la Universidad de Antioquia, Especialista en Psicología Social Aplicada y Magister en Psicología Social
de la Universidad Ponticia Bolivariana. Investigadora del Grupo de Investigación Observatorio Público, equipo de
sistematización de la Estrategia Integral del Control a las Rentas Ilícitas del Tecnológico de Antioquia, Medellín – Colombia.
luisa.fza@gmail.com – ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3659-6446
** Contadora Pública del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Investigadora del Grupo de Investigación
Observatorio Público, equipo de sistematización de la Estrategia Integral del Control a las Rentas Ilícitas del Tecnológico
de Antioquia, Medellín – Colombia.
jhojausma@hotmail.com – ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5824-9824
JEL: E01
Resumen: este artículo emerge como resultado
del proceso de investigación que ha tenido lugar
en el convenio entre la Secretaría de Hacienda
del Departamento de Antioquia y el Tecnológico
de Antioquia – Institución Universitaria. U., en el
marco de la Estrategia Integral al Control de las
rentas ilícitas. En el texto se desarrollan algunas
afectaciones en las dimensiones social, económica,
legal y normativa a partir de la ocurrencia de
fraudes en cinco rentas en el departamento de
Antioquia. Es una investigación cualitativa con
método hermenéutico, que utilizó fuentes escritas
y orales a través de la revisión documental, la
encuesta y la entrevista semiestructurada a personal
relacionado con las rentas departamentales en los
distintos municipios de Antioquia. El análisis se
realizó a partir de un proceso de sistematización,
categorización y triangulación de la información, y
dio como resultado las categorías relacionadas en
cada una de las dimensiones y analizadas a la luz
de la cultura de la legalidad y las buenas prácticas.
Palabras clave: dimensión social, dimensión
económica, dimensión legal y normativa, fraude,
buenas prácticas, cultura de la legalidad.
Abstract: This article emerges as a result of the
research process that has taken place as part of the
agreement between Department of Antioquia’ Tax
and Public Finance Secretariat and the Tecnológico
de Antioquia - I.U., within the framework of the
Comprehensive Strategy to Control illicit income.
The text develops some effects on the social,
economic, legal and regulatory dimensions from the
occurrence of fraud in ve rents in the department
of Antioquia. It is a qualitative research with a
hermeneutical method that used written and oral
sources through the documentary review, survey and
semi-structured interview with personnel related to
the departmental rents in the different municipalities
of Antioquia. The analysis was made from a process
of systematization, categorization, and triangulation
of information, resulting in the categories related to
each of the dimensions and analyzed in light of the
culture of legality and good practices.
Keywords: Social dimension, economic dimension,
legal and regulatory dimension, fraud, good
practices, culture of legality.
Artículo de investigación resultado de la “Estrategia integral del control a las rentas
ilícitas para el fortalecimiento de las rentas ociales como fuente de inversión social en
el departamento de Antioquia” a través del convenio interinstitucional entre la Secretaría
de Hacienda de la Gobernación de Antioquia y la Institución Universitaria Tecnológico de
Antioquia, Medellín – Colombia, 2018.
Zapata, L. y Usma, L.
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Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad
En-Contexto 7(11) • julio - diciembre 2019 • Medellín - Colombia • página 214 de 286 • ISSN: 2346-3279
Fraude no rendimento departamental: Um olhar da
institucionalidade para dimensões sociais, econômicas,
legais e regulatórias
Resumo: este artigo surge como resultado do processo de pesquisa que ocorreu no
acordo entre a Secretaria do Tesouro do Departamento de Antioquia e o Tecnológico de
Antioquia - Instituição Universidade U., no âmbito da Estratégia Integral ao controle
de renda ilegal. No texto algumas afetações se desenvolvem em social, econômico,
jurídico e regulamentos da ocorrência de fraude em cinco aluguéis no departamento
de Antioquia. É uma pesquisa qualitativa com método hermenêutica, que usava fontes
escritas e oral através da revisão documental, a pesquisa e a entrevista semiestruturada
ao pessoal relacionado à renda departamental nos diferentes municípios de Antioquia.
A análise foi feita a partir de um processo de sistematização, categorização triangulação
de informações e deu como resultar nas categorias relacionadas em cada uma das
dimensões e analisada à luz da a cultura da legalidade e boas práticas.
Palavras-chave: dimensão social, dimensão económica, dimensão jurídica e
regulamentos, fraude, boas práticas, cultura da legalidade.
Los fraudes en las rentas departamentales: una mirada...
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Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad
En-Contexto 7(11) • julio - diciembre 2019 • Medellín - Colombia • página 215 de 286 ISSN: 2346-3279
Introducción
La Gobernación de Antioquia en el periodo 2016-2019 implementó
varias estrategias encaminadas al desarrollo social, económico y cultural
del departamento, con el propósito de fortalecer las comunidades y la
institucionalidad. Estos esfuerzos por el fortalecimiento de las comunidades
deben ser para las administraciones públicas un aspecto fundamental, pues
en la construcción e implementación de prácticas de buen gobierno se pueden
mejorar diferentes esferas de la sociedad. Ningún gobierno puede relativizar su
responsabilidad cuando se trata de cumplir misiones de servicio público, incluso
si éstas se encomiendan al sector privado (Figueroa y Orellana, 2007, p.170).
Existen desarrollos que sugieren que la institucionalidad pública es
también dependiente de la medida en que los valores de la solidaridad,
conciencia cívica y dedicación humana se asienten en la producción
de los servicios sociales. Esto, no sólo porque a través de ellos los
servicios tienen más probabilidades de maximizar su eciencia (en un
sentido amplio) y su equidad, sino porque la intención expresa de su
fortalecimiento puede contribuir a reforzar la dimensión de deberes de la
ciudadanía y, especícamente, a desarrollar capacidades y organizaciones
sociales (Cunill, 2010, p.65).
Ahora bien, “La Estrategia Integral de control a las rentas ilícitas para el
fortalecimiento de la inversión social en el departamento de Antioquia” (en
adelante Estrategia Integral), es uno de los grandes esfuerzos de la Gobernación
para hacerle frente a la ilegalidad y para proponer buenas prácticas en
torno a una cultura de legalidad. Dentro de su concepción se establecen
varios componentes para su desarrollo: comunicación, tributario, judicial y
participativo. La Estrategia se concentra en cinco rentas especícas: monopolio
rentístico de alcoholes potables y licores destilados, monopolio rentístico de
juegos de suerte y azar, impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco, impuesto
de degüello, y sobretasa a la gasolina (Usma y Zapata, 2018, p.431), y se actúa
según la particularidad de cada una.
Desde su inicio, además, se consideraron de gran importancia los ejercicios
académicos e investigativos dentro de ella, y se estimó que dejar plasmada una
sistematización de experiencias, análisis de impacto y reexiones alrededor de
la cultura de la legalidad y las buenas prácticas, contribuiría a fortalecer la
relación Universidad-Estado-Sociedad.
Zapata, L. y Usma, L.
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En-Contexto 7(11) • julio - diciembre 2019 • Medellín - Colombia • página 216 de 286 • ISSN: 2346-3279
El Tecnológico de Antioquia pone de maniesto la importancia
de interrelacionar su discurso académico con las necesidades más
apremiantes de las comunidades humanas que hacen parte de su quehacer,
en este caso, las poblaciones hacia las cuales está dirigida la estrategia
gubernamental de rentas (Gómez, Usma, Zapata, Echavarría y Giraldo,
2017, p.37).
De dichos ejercicios se pueden resaltar varios productos de investigación, en
los cuales se han abordado temas que reúnen la cultura de la legalidad, los
fraudes y los riesgos asociados a cada una de las rentas que aborda la estrategia,
así como buenas prácticas comunitarias e institucionales y análisis de impacto.
En este sentido, en la investigación realizada sobre buenas prácticas de legalidad
e instituciones responsables, se tuvo como objetivo general caracterizar las
buenas prácticas en las rentas departamentales desde las instituciones de la
Gobernación de Antioquia y se trazaron los objetivos especícos: a) identicar
el conocimiento que tienen los funcionarios departamentales sobre la cultura de
la legalidad en el marco de la Estrategia Integral; b) describir las acciones que
conocen los funcionarios departamentales que contribuyen al fortalecimiento
de la cultura de la legalidad, y c) sistematizar las recomendaciones que tienen
los funcionarios en materia de buenas prácticas. De allí se desprende el
presente artículo que aborda lo social, lo económico y lo legal y normativo,
como dimensiones en las cuales los fraudes en las rentas tienen incidencia y
afectaciones que comprometen el resultado de la Estrategia Integral.
La metodología que se utilizó para la investigación es de tipo cualitativo
con un método hermenéutico, a través del uso de la encuesta, la entrevista
semiestructurada y la revisión documental, y se dio paso a un proceso de
sistematización y análisis de la información. Los resultados y la discusión se
plantean a partir de las tres dimensiones anteriormente mencionadas (lo social, lo
económico y lo legal y normativo) que aportan temas relevantes que se analizan
a la luz de la cultura de la legalidad y las buenas prácticas institucionales.
Metodología
La presente investigación se fundamenta desde el paradigma cualitativo,
considerando que los objetivos trazados apuntan, precisamente, a la
comprensión de la realidad sobre los fraudes y las buenas prácticas en las
rentas departamentales a partir el discurso, la práctica y el contexto de los
propios participantes y reconociendo los signicados que construyen en su
propia realidad. De esta manera, en esta investigación se reconoce que “el
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conocimiento es un producto social y su proceso de producción colectivo
está atravesado e inuenciado por los valores, percepciones y signicados
de los sujetos que lo construyen” (Galeano, 2013, p.18). Como el análisis se
realiza desde la dimensión interpretativa de la producción oral y escrita de
los participantes, se utiliza el método hermenéutico, el cual, en palabras de
Habermas (2000, citado en Rojas, 2011, p.187) “es un recurso metodológico
de la ciencia social, que aborda en el medio que es el lenguaje en funciones (de
socialización, de reproducción cultural y de integración social) el análisis de
expresiones de signicados, de sentido, de tales expresiones”.
Para el desarrollo de la investigación se tuvieron en cuenta dos tipos de fuentes,
por un lado las fuentes orales que “aportan su mirada al problema que se trata
de comprender” (Galeano, 2013, p.44) y, por otro, las fuentes escritas que
permitieron “complementar y confrontar las fuentes orales” (Galeano, 2013,
p.45). De acuerdo a los objetivos y características propias de la investigación
se utilizaron la revisión documental, la entrevista semiestrucurada y la encuesta
como técnicas de recolección de información, haciendo uso de instrumentos
como guías de entrevistas, cuestionarios y chas de recolección biliográca.
Sistematización y análisis de la información
Luego de transcribir y organizar la información que arrojaron las entrevistas,
la encuesta y la revisión documental, se pasó a un proceso de sistematizar,
codicar y categorizar la información, que permitió “caracterizar y clasicar
datos, permitiendo su vinculación con la teoría (…) que permiten analizar los
datos existentes, establecer relaciones entre ellos y presentarlos de manera
clara y concreta” (Galeano, 2013, p.46). Se utilizaron matrices de coherencia y
matrices intertextuales que posibilitaron realizar un proceso de triangulación y
análisis de la información, mediante el cual la información recogida a través de
los instrumentos se puso en relación con los conceptos propios de las buenas
prácticas y la cultura de la legalidad.
Resultados
En el Departamento de Antioquia se evidencian fraudes asociados con las
rentas que aborda la Estrategia Integral, que tienen una afectación en diferentes
dimensiones: social, económica, legal y normativa. La importancia de estas
características no recae sobre una dimensión en especíco porque se considera
que ellas van relacionadas entre sí; la afectación de una de ellas inmediatamente
involucra los benecios de las otras. Por lo tanto, se presenta una relación entre
Zapata, L. y Usma, L.
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la descripción de cada una de las dimensiones con unas categorías que se van
desarrollando en el texto.
A continuación, se presentan las tres dimensiones en las cuales se identican
afectaciones y se brindan al lector elementos para identicar cada una de las
facetas en las que se desenvuelve la Estrategia Integral para el control de las
rentas ilícitas, lo que permite generar comprensión y reexión sobre la cultura de
la legalidad que desembocan en la construcción de prácticas de sensibilización,
transparencia y respeto entre los diferentes actores de la sociedad (instituciones,
comerciantes, distribuidores y comunidad).
Dimensión social: dinámicas sociales, comunitarias, y vecinales
Se puede decir que esta dimensión reúne a casi todos los actores de la
sociedad, sus dinámicas culturales y de relacionamiento son construidas a
lo largo del tiempo y muchas se han repensado y mejorado en la actualidad.
Sin embargo, a lo largo de la historia Antioquia ha presentado prácticas de
ilegalidad respecto de las rentas y, por lo tanto, hoy es una tarea inacabada
pero que se fortalece, prueba de ello es la estrategia a la que se está haciendo
referencia en la presente investigación.
Por lo mismo, la estrategia propone prácticas que generan un impacto
signicativo en la dimensión social y crean, en torno a las comunidades,
dinámicas que transguran identidades colectivas. Se trata de “la necesidad de
hacer una mirada a las dicultades que se presentan en la sociedad actual en el
ámbito de la construcción de comunidad, entendida como la relación con otros
que son nuestro prójimo, nuestro próximo” (Bauman, 2005, p.67).
Cuando se habla de dimensión social se hace referencia al espacio y el contexto
en los cuales las acciones repercuten en el desarrollo de la sociedad. Es decir,
los fraudes tienen un impacto completo por el espacio y el tiempo que abarcan,
y llegan a ser complejos a causa de las identidades individuales. Cuando se
plantean formas de relación solidarias, se revelan cansancio e incredulidad por
parte de la comunidad (Téllez, 2010, p.17), porque la ilegalidad ha estado latente
por generaciones en el desarrollo del histórico colectivo del departamento de
Antioquia. Pero a partir de unas buenas prácticas se pueden generar “formas
de relación denominadas democráticas, justas, equitativas, respetuosas, plenas
de apoyo y solidaridad, es preciso darles otro sentido desde la práctica misma
para que se llenen de contenido vital para las comunidades” (Téllez, 2010,
p.17). Con las buenas prácticas se debe intentar contrarrestar los agelos que se
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presentan en esta dimensión para generar, además, importantes acercamientos
y trabajos colectivos.
El cuidado da la posibilidad de tener perspectivas más amplias de empatía
con el otro en su reconocimiento; de disponerse a escuchar de manera
atenta entendiendo las necesidades e intereses de ese otro; de ponerse en
el lugar del otro, y de enriquecerse al reconocer ser distintos y plurales
(Téllez, 2010, p.20).
En este sentido, los participantes de la investigación resaltan dos elementos
signicativos anudados a la dimensión social en función de la afectación de
los fraudes sobre la misma: las particularidades del contexto y las prácticas
sociales de los territorios.
En contexto, la particularidad de las prácticas sociales
Para los participantes de la investigación las afectaciones que tienen los fraudes
que se cometen en las rentas que se han mencionado, están relacionados
directamente con las particularidades de cada contexto. En la investigación que
se desarrolló se pudo conocer que aunque las distintas subregiones presenten
problemáticas similares, es decir, aunque vivencien los mismos fraudes, estos
se pueden signicar y practicar de manera distinta y a su vez se encuentren
afectaciones diferentes en los territorios y pobladores. Los participantes
distinguen desde las zonas en las que se encuentran –urbana, rural, ribereña,
costera– hasta las economías legales que las atraviesan –minería, manufactura,
agroindustria, turismo, etc.–.
Es así como las afectaciones de los fraudes en la dimensión social están
atravesadas por las diferenciaciones geográcas, económicas, territoriales y
culturales, lo cual implica que sea necesario reconocerlas y comprenderlas
para el ejercicio de buenas prácticas institucionales en el marco de la estrategia
desde sus distintos componentes.
En la misma vía, los participantes advierten asuntos con relación a las prácticas
sociales que se construyen en cada territorio, que no solo se diferencian entre las
subregiones, sino, incluso, en los municipios de las subregiones. En este caso,
se maniesta que las afectaciones de los fraudes pasan por la construcción de
sentido de comunidad, de pertenencia y de reconocimiento de la historia social
e identitaria que los une como sujetos sociales y en relación (Montero, 2007),
y que, en este marco, no solamente se dan los fraudes como construcciones
Zapata, L. y Usma, L.
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colectivas de ilegalidad, sino que también se pueden presentar mecanismos
para afrontarlos y buenas prácticas institucionales y comunitarias.
En este sentido, con esta clase de comprensiones el ciudadano puede empezar
a identicar que el fortalecimiento de las rentas departamentales, más
allá de aumentar la destinación para proyectos de inversión social, genera
construcciones locales de tolerancia y respeto por el otro, estimula el trabajo
mancomunado con las instituciones e incentiva la participación ciudadana, por
eso en esta dimensión se generan dinámicas sociales, comunitarias y vecinales
en pro del desarrollo.
Dinámicas sociales, comunitarias y vecinales
La dinámica social, como ya se abordó, engloba las áreas del constante cambio
en la sociedad. “La dinámica social se encarga de evaluar y analizar el cambio
y evolución de los modos de producción, las organizaciones e instituciones
sociales y su interacción con la realidad social, económica, cultural, política,
ecológica, etc.” (Incorporación, inclusión e integración, 2009, párr.1).
Por otro lado, aunque la afectación desde la dinámica comunitaria deviene de
las dinámicas sociales, se encuentra situada en una comunidad particular.
La comunidad debe ser entendida más allá de lo geográco, pues se crea
y se recrea más allá de los límites del espacio; es dinámica, toma formas
distintas dependiendo de su entorno externo e interno; se adapta, cambia,
nunca da respuestas iguales; se regula a partir de sus propias condiciones.
(Téllez, 2010, p.14).
La organización comunitaria es participativa, mejora la vida de sus comunidades,
es un proceso “por el cual la gente se agrupa para identicar problemas o metas
comunes, para movilizar recursos y, de otras formas, desarrollar e implementar
estrategias para alcanzar los objetivos que quiere lograr” (Nagy, s.f.).
Mediante la participación el entorno se transforma, dejando impronta
e incorporándose en los procesos cognitivos y afectivos de manera
activa. Y a la inversa, a través de la identicación simbólica, el espacio
apropiado pasa a ser un factor de continuidad y estabilidad del ser, a la
vez que un factor de estabilidad de la identidad y la cohesión del grupo
(Vidal, en prensa). Desde esta perspectiva los procesos psicosociales se
enmarcan en fenómenos colectivos como la identidad comunitaria o el
sentido de comunidad (Berroeta y Rodríguez, 2010, p.9).
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En este sentido, los participantes proponen que las prácticas sociales son
importantes no solamente para entender el fraude, sino para comprender sus
afectaciones y construir los mecanismos para afrontarlas, a partir de acciones
que pasen por la legitimación de las prácticas institucionales, legales y
normativas, así como de construcciones comunitarias, colectivas y/o vecinales.
Las dinámicas vecinales son aun más particulares que las dinámicas comunitarias
y abarcan de manera signicativa la convivencia y la solidaridad, se desarrollan
en relaciones más estrechas que impulsan al diálogo y a la creación de espacios
de responsabilidad social. Estas dinámicas generan empoderamiento entre “los
habitantes de los barrios para que tomen decisiones y se comprometan en su
cumplimiento a largo plazo, es una de las vías más ecaces para desactivar
potenciales focos de conicto” (Piedra, 2017, p.6).
Los procesos de comunicación, en su versión más humana que es el
diálogo, o en sus proyecciones organizativas y mediáticas, son un
instrumento de apoyo a las transformaciones en las que el hombre es
el centro. No hay desarrollo económico, social o político que no tenga
como centro al hombre (Gumucio, 2004, p.8).
Los fraudes en las rentas departamentales impactan dinámicas individuales,
vecinales, comunitarias y sociales. Todas están relacionadas entre sí, y la
afectación, más allá de los ingresos departamentales, se concentra en la
deconstrucción y retroceso de la cultura colectiva antioqueña. De tal manera
que el engranaje de relaciones que se reúnen en la dimensión social, y que
se pueden particularizar en Antioquia a partir de lo comunitario y lo vecinal,
permitan aterrizar tres temas que se particularizaron en los participantes: la
inversión social, la cultura tributaria y las afectaciones en salud.
De lo social a lo particular: realidades concretas
Los participantes de la investigación ponen en evidencia realidades concretas de
las afectaciones de los fraudes en la dimensión social. Un elemento importante
está relacionado con cómo la ilegalidad deja unas consecuencias directas en
la inversión social, esto se traduce en las dicultades que existen, en muchos
casos, para desarrollar planes y proyectos en relación con lo social e incluso
en infraestructura, considerando que los recursos de las rentas recaudadas se
invierten en la salud, la educación e incluso en programas que puedan fortalecer
el bienestar social de los pobladores. En este sentido, hay una afectación de
orden estructural en asuntos económicos y sociales, pero que se congura en
consecuencias concretas, reales y materiales en el acceso de la población a
estos programas y proyectos.
Zapata, L. y Usma, L.
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Con respecto a lo anterior, se tiene la cultura tributaria, que trasciende el hecho
de las prácticas de ilegalidad como mecanismos aislados de los sujetos, y les
da lugar a las construcciones sociales en los distintos territorios sobre el deber
ser frente a lo tributario. En algunas comunidades y poblaciones se desconoce
esta responsabilidad como ciudadanos y en otros casos no se ha aanzado
como una tradición en términos de la cotidianidad y responsabilidad. De ahí
que una afectación de los fraudes es la cultura de la ilegalidad que se teje
en las comunidades, y se hace un llamado imperativo a dar la vuelta hacia
buenas prácticas institucionales y comunitarias que construyan no solamente
un hábito de pago de tributo, sino toda una cultura de legalidad con relación a
él. Es así como
se reconoce a la comunidad como un actor social que puede incidir
en su propia realidad, transformándola de cara a un mejoramiento
en su calidad de vida, en este sentido, y con relación a las rentas del
Departamento de Antioquia, las comunidades existentes en este territorio
tienen las herramientas para identicar las problemáticas asociadas a las
rentas ilícitas y también pueden contribuir a su solución, por lo tanto
pueden aportar a las dinámicas que ha propuesto la institucionalidad
apropiándose de ellas e incluyéndolas en sus acciones cotidianas para
construir una cultura de la legalidad (Usma y Zapata, 2018, p.440).
De esta manera, los participantes advierten que estos escenarios fraudulentos
se podrían combatir estructuralmente y no coyunturalmente, y se reducirían las
dicultades en inversión social que se mencionaron arriba y las afectaciones
en asuntos tan complejos como la salud, que se ven comprometidos por las
prácticas fraudulentas.
Dimensión económica: Afectación en los ingresos familiares y regionales
Esta dimensión abarca el impacto que los fraudes generan en términos de
economía y se identica a través de las afectaciones monetarias que puedan traer
al Departamento de Antioquia. Se reconoce, además, que esas ilegalidades traen
consigo otras particularidades que involucran aspectos sociales y hasta culturales.
Los impactos económicos pueden ser de corto, mediano o largo
plazo, en la medida que (sic) algunos afectan de manera directa la
demanda o la oferta del mercado, o modican variables estructurales
en los beneciarios, que redundan en calidad de vida y productividad
en un período mayor. Un ejemplo de impacto en el corto plazo son
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las transferencias en efectivo y el aumento de demanda de bienes de
consumo que generan, particularmente de aquellos que componen
la canasta básica del hogar. Impactos a mediano plazo son los que se
producen por ejemplo con el incremento de demanda por viviendas o
matrícula educacional que generan los bonos o subsidios respectivos,
los que, al menos al iniciarse los programas, requieren de algunos meses
de maduración hasta que se consolida un sector capaz de expandir la
oferta para cubrir la demanda incremental. En tanto, el impacto en
productividad que genera la universalización de la educación básica y
media, necesita de varios años para que se reejen adecuadamente en
los indicadores económicos (Martínez, Palma, Flores y Paz, 2012, p.20).
En esta vía y en relación con la cultura tributaria, los participantes advierten
que hay una afectación económica en la baja captación de tributos, con los
cuales se nancian los gastos públicos y se invierte en desarrollo social. El poco
recaudo de impuestos afecta directamente estas nanciaciones e inversiones. En
este sentido, por ejemplo, que un municipio cuente con pocos establecimientos
abiertos al público signica poco recaudo y por ende menor inversión social en
el mismo municipio.
La dimensión económica posee una afectación en los ámbitos familiar, vecinal,
comunitario, regional y social, que se categorizan de manera conjunta, y se le
da gran importancia al hecho de que las rentas departamentales tienen como
destinación áreas como la salud, la educación, los deportes y la cultura, las
cuales abarcan a todos los actores de la sociedad.
El ingreso familiar se conforma por el total de las ganancias que tiene una
familia en común y con él se deben suplir las necesidades básicas del grupo.
Su principal fuente es el empleo y es afectado por diferentes elementos, sin
embargo, en este caso su afectación se relaciona con los fraudes rentísticos. Si
disminuyera la ilegalidad se podría estimar que la demanda de los productos
y servicios legales aumentaría y, por lo tanto, el nivel de producción de los
elementos que se relacionan con las rentas de la Estrategia Integral. Si esa
aseveración se toma como posibilidad se podría decir que “al aumentar la
productividad, es posible pagar mejor a los trabajadores sin generar inación ni
recortar las ganancias de la empresa. De esa forma, el aumento de los salarios
puede mantenerse a largo plazo” (Polaski, 2003, p.11).
Zapata, L. y Usma, L.
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¿La región en desarrollo?
Ahora bien, la afectación para los ingresos regionales se representa desde un
aspecto macroeconómico, pues el fortalecimiento de las rentas departamentales
posibilita un crecimiento económico que conviene a los habitantes del
departamento. Se requiere una inversión dinámica y creciente para lograr
mayores tasas de crecimiento (Revista Semana, 2000, parr.11). Y más allá
de recaer en la institución la responsabilidad de fortalecer los tributos, debe
compartirse con el mundo empresarial. Es decir, si el ingreso de las rentas
disminuye también disminuye el crecimiento, por tanto tiene consecuencias no
solo de orden cuantitativo, sino también cualitativo en términos de desarrollo
social, en gran parte por la falta de inversión social. Así que es importante
erradicar las prácticas de ilegalidad para que se pueda
(…) conformar una visión compartida de país que valide la empresa como
unidad básica de generación de riqueza; donde empresarios, trabajadores,
gobierno y otros actores sociales se vean beneciados por el diálogo y el
trabajo en equipo, enmarcados en un ambiente de justicia, reglas claras y
seguridad, para un desarrollo sostenible (Revista Semana, 2000, parr.16).
De tal manera que los participantes arman que una de las afectaciones de
los fraudes en las rentas es el detrimento económico, que hace referencia al
daño a los sectores productivos en los territorios, tales como comerciantes,
distribuidores y consumidores y a la comunidad en general.
Así, el afrontamiento en la dimensión económica va más allá del recaudo, y
este debe ir ligado a las funciones que necesita la dimensión social, las cuales
se van correlacionando y el trabajo en cada una de ellas no debe menospreciar
la otra dimensión. Es así como los participantes nombran de qué manera las
afectaciones económicas tienen relación con el crecimiento económico y el
desarrollo social de la región, es decir que no solamente se afecta el recurso
económico en términos de la producción de bienes y servicios, sino también
en términos cualitativos en cuanto a la calidad de vida y el bienestar social,
ya que para los participantes el desarrollo está relacionado con los procesos
de transformaciones cualitativas que se materializan en planes y proyectos de
inversión social.
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En-Contexto 7(11) • julio - diciembre 2019 • Medellín - Colombia • página 225 de 286 ISSN: 2346-3279
Dimensión legal y normativa: incumplimiento de la disposición normativa
de la región y la nación
El impacto en la dimensión legal y normativa se evidencia en el incumplimiento
de las leyes, el aumento de la ilegalidad y el control scal. La afectación
negativa al importe de los ingresos departamentales ocurre por las acciones
derivadas de la ilegalidad, mejor conocidas con el término de fraudes, las cuales
son impulsadas por intereses económicos (Gómez et al., 2017, p.79).
Si bien el incumplimiento de las leyes se puede dar por su desconocimiento,
esto no exonera a los ciudadanos de las responsabilidades adquiridas en relación
con las rentas departamentales. Ser distribuidor, comerciante o consumidor
que evade los impuestos afecta de manera signicativa las dimensiones social,
económica y legal, pues el dinero que no ingresa al Departamento como
concepto de renta signica menor inversión social para la comunidad. Es decir,
incumplir la ley signica afectar la dimensión económica, por la disminución
de los ingresos, la dimensión social, porque la inversión en los sectores que
mejoran el desarrollo se ve afectada de manera negativa, y la dimensión legal,
por el incumplimiento de las disposiciones establecidas por la ley.
Las acciones de la comunidad transgreden esta dimensión y las malas prácticas
inciden, además, en el desarrollo de la dinámica social y la dinámica económica,
“por lo tanto, el nivel de cumplimiento y aceptación se verá afectado por la
intervención de la institucionalidad” (Usma y Zapata, 2018, p.438). En el
proceso investigativo adelantado en el marco de la Estrategia Integral se han
propuesto vías para el mejoramiento a través del fortalecimiento de la cultura
de la legalidad y que se traduce en buenas prácticas.
(…) las obras reejadas en su territorio, la atención social recibida y
la inclusión, por lo tanto, el nivel de cumplimiento y aceptación se
verá afectado por la intervención de la institucionalidad. Luego de tal
aceptación, se podrán identicar cambios a partir del ejercicio y la
creación de nuevas y buenas prácticas, no solo pensadas desde la cultura
de la legalidad, sino también desde el ámbito comunitario (Usma y
Zapata, 2018, p.438).
Esas prácticas de los ciudadanos en el desarrollo de cada una de las rentas se
basan en la desconanza por la institución. Por eso, mientras no se encuentre
la forma de crear una “relación sana entre quien rinde cuentas y quien las
pide comprende una valoración intrínseca de conanza, es insistir en una
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relación entre la institucionalidad y la ciudadanía, en una idea de construir
conjuntamente cuestionamientos y consensos respetados en el tiempo” (Usma
y Zapata, 2017, p.246).
Conclusiones
Durante el proceso de investigación en el marco de la Estrategia Integral se
han abordado dos categorías centrales como forma de analizar las acciones
realizadas en los distintos componentes; se tiene la cultura de la legalidad,
entendida como
(…) una construcción que realizan los diferentes actores de la sociedad
para regularse a través del cumplimiento efectivo de las normas que se
han reglamentado o que por medio de acciones individuales y colectivas
se van legitimando e institucionalizando como prácticas adecuadas frente
a una situación en particular, para nuestro caso, las diferentes rentas que
tiene el Departamento (Gómez et al., 2017, p.42).
En este sentido, comprender las dinámicas que reconocen los actores en
la realidad de los distintos municipios de Antioquia frente a los fraudes
y con relación a las dimensiones social, económica y legal y normativa,
implica reconocer elementos que aporten a la construcción de una cultura
de la legalidad, no solo desde vías que impliquen mecanismos de control,
scalización y judicialización, sino que además posibiliten construcciones
colectivas que aporten al desarrollo en términos sociales y económicos desde
el análisis estructural de las problemáticas. De esta manera, temas como la
cultura tributaria, las prácticas sociales y las particularidades del contexto
permiten crear mecanismos y estrategias de transformación social que inciden
en combatir la ilegalidad.
En consideración a lo anterior, las buenas prácticas institucionales y
comunitarias posibilitan esos escenarios de generación y consolidación de
una cultura de la legalidad, teniendo en cuenta que estas prácticas permiten
contrarrestar esos efectos o afectaciones que dejan los fraudes. La buena
práctica de diferenciación, entendida como “las acciones en materia de buenas
prácticas [que] están situadas y contextualizadas en la realidad socio-cultural,
económica, histórica y política de las regiones y/o comunidades antioqueñas”
(Usma y Zapata, 2017, p.270), apunta, entonces, a tener en cuenta las prácticas
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y acciones sociales con relación a la legalidad no solo desde las afectaciones,
sino desde sus signicados, lo que contribuye a comprender la afectación en
la dimensión social, pero con efectos en las dimensiones económica y legal y
normativa.
Las buenas prácticas de innovación y de incidencia pública y social, por su
parte, permiten abordar los fraudes y sus afectaciones, en relación, incluso con
la diferenciación, es decir, desde acciones situadas y contextualizadas que sean
creativas y novedosas y que permitan una construcción colectiva, en esta vía
se podría consolidar, como se dijo anteriormente, una cultura de la legalidad
que fortalezca las acciones ciudadanas e institucionales desde asuntos de orden
estructural y no que emerjan desde posiciones de control y/o castigo.
Para nalizar este artículo, se considera que la buena práctica nombrada como
replicabilidad y sostenibilidad permitirá construir bases sólidas que estructuren
acciones ciudadanas responsables y generadoras de una cultura de la legalidad.
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Para citar este artículo:
Zapata, L. y Usma, L. (2019). Los fraudes en las rentas departamentales:
una mirada desde la institucionalidad a las dimensiones social,
económica, legal y normativa. En-Contexto, 7(11), 213-229.